Por Fernando Flores D.
En los últimos años, Ricardo Benjamin Salinas Pliego ha construido una imagen pública basada en la confrontación. Ha cuestionado a gobiernos, ha criticado a partidos políticos, ha descalificado a instituciones y ha convertido las redes sociales en una tribuna permanente desde la cual opina sobre prácticamente cualquier tema de la vida nacional.
Sin embargo, conforme avanzan los meses y se acercan los tiempos de sucesión presidencial hacia 2030, una pregunta comienza a tomar forma: ¿estamos observando a un empresario ejerciendo su libertad de expresión o a un aspirante construyendo una candidatura presidencial?
La interrogante no surge de la nada. El propio Salinas Pliego ha dejado abierta la posibilidad de participar en política si, según sus palabras, «no queda otra alternativa». A ello se suma una creciente exposición pública, reuniones con personajes de relevancia internacional, una presencia constante en los medios de comunicación que controla y una narrativa cada vez más enfocada en los problemas nacionales.
Pero si algún día decidiera competir por la Presidencia de la República, enfrentaría un desafío que no se resuelve con recursos económicos, audiencias televisivas o millones de seguidores en redes sociales: convencer a los ciudadanos de que puede gobernar un país.
Su trayectoria empresarial está lejos de ser ajena a la polémica. El conflicto por Canal 40 y el episodio conocido como el «Chiquihuitazo» siguen siendo referencia obligada cuando se analiza la historia reciente de los medios de comunicación en México. Para unos fue una disputa empresarial respaldada por resoluciones legales; para otros, una demostración de poder económico que dejó profundas dudas sobre la manera en que se resolvió aquel enfrentamiento y sobre los límites entre la fuerza financiera y la influencia política.
A ello se suman sus posiciones durante la pandemia de COVID-19, quizá uno de los episodios que más marcaron su imagen pública. Mientras autoridades sanitarias de prácticamente todo el mundo promovían medidas de confinamiento y distanciamiento social para reducir contagios y salvar vidas, Ricardo Salinas Pliego se convirtió en uno de los principales opositores a dichas restricciones. Más allá del debate sobre los costos económicos de la pandemia, miles de mexicanos observaron con preocupación las denuncias de trabajadores de empresas vinculadas a Grupo Salinas, quienes afirmaban haber sido obligados a continuar sus actividades presenciales en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes.
Para sus críticos, aquella postura no representó únicamente una diferencia de criterio sobre política pública, sino una decisión que habría privilegiado la continuidad de la operación empresarial sobre la seguridad de los trabajadores, exponiéndolos a riesgos potencialmente graves para su salud e incluso para su vida en un momento en que el mundo entero enfrentaba incertidumbre, hospitales saturados y miles de fallecimientos diarios. Aunque las empresas del grupo defendieron sus decisiones y rechazaron diversas acusaciones, el episodio permanece en la memoria colectiva como uno de los capítulos más controvertidos de la trayectoria pública del empresario.
Tampoco puede ignorarse la larga disputa fiscal que mantiene con el Estado mexicano. Más allá de los argumentos jurídicos de una y otra parte, el tema ha colocado en el centro del debate una pregunta incómoda para cualquier figura con aspiraciones públicas: ¿cómo convencer a la ciudadanía de la necesidad de cumplir con obligaciones fiscales cuando existen litigios multimillonarios pendientes con la autoridad hacendaria?
Existe además una contradicción que resulta difícil de pasar por alto. Durante años, Salinas Pliego ha dedicado buena parte de su discurso a cuestionar a la clase política. Ha denunciado la ineficiencia gubernamental, ha ridiculizado a funcionarios, ha señalado los excesos del poder y ha sostenido que muchos de los problemas nacionales son consecuencia directa de quienes han ocupado cargos públicos.
Sin embargo, la Presidencia de la República representa precisamente la máxima expresión de ese poder político que tanto ha criticado.
La historia demuestra que dirigir una empresa y gobernar una nación son tareas profundamente distintas. Una compañía responde a accionistas; un país responde a ciudadanos. Una empresa puede privilegiar la rentabilidad y la eficiencia financiera; un gobierno está obligado a equilibrar intereses sociales, económicos, jurídicos y humanos muchas veces contradictorios.
También existe una diferencia fundamental entre influir y gobernar. Durante décadas, Ricardo Salinas Pliego ha ejercido influencia desde el poder económico, financiero y mediático. Gobernar, en cambio, exige construir consensos, aceptar contrapesos, someterse al escrutinio permanente de las instituciones y responder por las decisiones que afectan a millones de personas.
Por ello, la pregunta central no es si Ricardo Salinas Pliego puede aspirar a la Presidencia. La Constitución le otorga ese derecho como a cualquier ciudadano que reúna los requisitos legales.
La verdadera pregunta es otra: ¿estaría la sociedad mexicana dispuesta a depositar en él la confianza suficiente para convertirlo en jefe del Estado mexicano?
¿Pesarán más sus éxitos empresariales o las controversias que han acompañado su trayectoria? ¿Recordarán los ciudadanos al empresario exitoso o al personaje que confrontó a las autoridades sanitarias durante la pandemia? ¿Al defensor de la libertad económica o al empresario que mantiene litigios fiscales multimillonarios con el Estado mexicano? ¿Al crítico permanente de la política o al aspirante que ahora busca ocupar el cargo político más importante del país?
La respuesta no la darán las redes sociales, ni los programas de televisión, ni los círculos empresariales. La dará una ciudadanía que, llegado el momento, evaluará no sólo su fortuna y sus éxitos económicos, sino también las decisiones, controversias y consecuencias que han acompañado su vida pública.
Porque en democracia, el dinero puede abrir muchas puertas. Pero la legitimidad para gobernar sólo la otorgan los ciudadanos.