Cultura Impar Por José Manuel Rueda Smithers
Difícil el momento en que un gobierno discute con la realidad en lugar de enfrentarla.
Morena construyó durante años una oposición efectiva porque insistía en que los gobiernos anteriores se habían alejado de la realidad. Y los sigue culpando.
Su discurso encontraba fuerza en aquello que otros pretendían minimizar: la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la distancia creciente entre el poder y los ciudadanos.
Esa narrativa conectó con millones de mexicanos que sentían que sus problemas eran ignorados, maquillados o simplemente negados desde los escritorios gubernamentales.
Resulta paradójico que hoy, desde el poder, el propio movimiento enfrente el riesgo de ser acusado exactamente de lo mismo.
La reciente polémica provocada por las declaraciones de Donald Trump durante la reunión del Grupo de los Siete, ofrece un ejemplo interesante. El presidente estadounidense afirmó que México se encuentra atrapado por el crimen organizado. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata: atribuye esas afirmaciones a una campaña promovida por la ultraderecha y por sectores interesados en debilitar al movimiento que representa.
Pero, el debate no debe centrarse en Donald Trump.
Sabemos de sus excesos verbales, sus posiciones controvertidas y su facilidad para convertir cualquier tema en un espectáculo político. La verdadera discusión se encuentra en la reacción del gobierno mexicano.
Porque una cosa es rechazar una acusación injusta o exagerada. Otra muy distinta es responder como si cualquier crítica fuera producto de una conspiración y no una oportunidad para revisar problemas que siguen presentes.
La violencia continúa formando parte de la vida cotidiana en amplias regiones del país. Todos los días aparecen noticias sobre homicidios, desapariciones, enfrentamientos armados, extorsiones y comunidades sometidas a la presión de grupos criminales. Negarlo es tan absurdo como afirmar que México es un Estado fallido.
Ambos extremos tienen una realidad mucho más compleja.
Es verdad que los indicadores oficiales muestran reducciones en determinados delitos. También es verdad que cualquier disminución de la violencia merece ser reconocida. Pero la percepción ciudadana no se construye únicamente con estadísticas. Se construye con la experiencia diaria de quienes salen a trabajar, transitan por carreteras inseguras o viven en comunidades donde la presencia del crimen organizado es una preocupación constante.
La credibilidad de un gobierno depende, en gran medida, de su capacidad para reconocer aquello que todavía no funciona.
Cuando la respuesta automática ante cualquier señalamiento consiste en hablar de campañas mediáticas, conservadores, ultraderechistas o adversarios políticos, el riesgo es evidente: se deja de discutir el problema para concentrarse en atacar al mensajero.
La historia demuestra que esa estrategia puede funcionar durante algún tiempo. Sirve para cohesionar simpatizantes, alimentar identidades partidistas y mantener movilizada a una base política. Pero también tiene fecha de caducidad.
Los ciudadanos suelen ser más pacientes con los errores que con las negaciones. Aceptan que los problemas no puedan resolverse de inmediato. Lo que difícilmente aceptan es que se les diga que esos problemas no existen o que únicamente son producto de una narrativa opositora.
Quizá por eso las declaraciones de Trump resultan menos relevantes que la reacción que provocaron.
Porque el verdadero desafío para cualquier gobierno no consiste en responder a sus críticos. Consiste en demostrar que entiende la realidad mejor que ellos.
La política siempre tendrá espacio para la propaganda, los discursos y las estrategias de comunicación. Pero hay algo que ninguna campaña puede sustituir: la percepción de los ciudadanos cuando comparan lo que escuchan desde el poder con lo que observan todos los días en sus calles.
Morena llegó al gobierno denunciando que otros habían perdido contacto con la realidad. Qué ironía histórica que comienza a perderlo también.
Porque la realidad tiene una característica incómoda para todos los gobiernos, sin importar su partido, su ideología o su popularidad: no desaparece por decreto.