✍🏻 Abel Trejo Valtierra
Hay una forma muy cómoda —y políticamente rentable— de explicar la crisis del sector salud en México: decir que todo es culpa del presupuesto, de la pandemia o del crecimiento de la demanda.
Pero ese relato ya no alcanza.
Lo que hoy tiene al sistema de salud operando con parches no es una emergencia coyuntural. Es un problema de diseño.
Entre 2016 y 2026, el sistema mexicano no solo no corrigió sus fallas estructurales: las normalizó. Y lo hizo bajo una lógica que cualquier especialista en gestión de procesos reconocería de inmediato como peligrosa: fragmentar la operación, dispersar la responsabilidad y renunciar al control sistémico .
México no tiene, en los hechos, un sistema nacional de salud. Tiene varios subsistemas que conviven sin integrarse: instituciones públicas federales, estatales, fuerzas armadas y un sector privado que corre por una vía completamente distinta.
Cada uno opera con reglas propias, plataformas distintas, estándares variables y, sobre todo, con información que no viaja.
El resultado es un fenómeno que se ha vuelto cotidiano y que, sin embargo, es clínicamente riesgoso: un mismo paciente puede atenderse en distintas instituciones perdiendo su historial, repitiendo estudios, retrasando decisiones médicas y quedando atrapado en trámites administrativos que nada tienen que ver con su condición real.
Aquí ocurre algo que debería alarmarnos más de lo que lo hace: la calidad deja de ser un estándar del sistema y se convierte en una circunstancia.
Depende de a qué institución estés afiliado, en qué zona vivas y, muchas veces, de cuánto puedas pagar.
Mientras tanto, el sector privado ha ido avanzando —por presión legal, reputacional y de mercado— en control de procesos, trazabilidad y continuidad clínica. El sector público, en cambio, absorbe la mayor carga de pacientes, de complejidad y de riesgo… sin contar con herramientas equivalentes de control.
El problema no es tecnológico.
Es organizacional.
Y, sobre todo, político.
La ausencia de un expediente clínico interoperable a nivel nacional, la inexistencia de analítica transversal y la falta de indicadores homogéneos de calidad impiden algo básico: saber realmente qué está pasando dentro del sistema.
Sin datos compartidos no hay continuidad. Sin continuidad no hay seguridad del paciente. Y sin seguridad, la calidad se vuelve un discurso.
Las fallas que todos conocen —errores en cambios de turno, interrupciones del flujo asistencial, responsabilidades diluidas entre áreas e instituciones— se repiten todos los días sin que exista un mecanismo estructural que las corrija.
No porque no se sepa qué hacer. Sino porque nadie gobierna el sistema como sistema.
En otros países, con modelos muy distintos entre sí, este dilema se ha enfrentado desde un punto clave: la gobernanza de la información, la medición de resultados y la responsabilidad institucional.
Estados Unidos mitiga parte de su fragmentación con estándares de interoperabilidad, regulación y presión judicial. Canadá ha demostrado que la integración funcional y la continuidad asistencial protegen la calidad como objetivo sistémico. Incluso Cuba —con recursos muy limitados— ha logrado sostener resultados a partir de integración operativa y énfasis en atención primaria.
México, en cambio, mantiene múltiples estructuras que no comparten información, no miden calidad bajo un mismo estándar y no aprenden como conjunto.
Eso no es diversidad institucional. Es retroceso estructural .
Lo más delicado es que seguimos analizando la salud como un tema sectorial, cuando en realidad se trata de infraestructura crítica del Estado.
Un sistema fragmentado, no interoperable y esencialmente reactivo reduce la capacidad de respuesta frente a pandemias, desastres naturales y emergencias sanitarias de gran escala. Incrementa la judicialización. Erosiona la confianza social. Y expone al país a riesgos que, en muchos casos, son completamente evitables.
En sectores como la banca, la aviación o la defensa, la interoperabilidad no es una opción: es un requisito de seguridad nacional.
¿Por qué en salud se acepta como normal la pérdida de información clínica? ¿Por qué se tolera que el paciente “empiece de cero” cada vez que cruza una ventanilla institucional?
Lo que viene no es un dilema médico. Es un dilema estratégico.
Hoy el sistema camina hacia tres escenarios posibles.
El primero es la inercia administrada: todo sigue funcionando… cada vez peor. El segundo es el colapso funcional, cuando la saturación, los eventos adversos y la pérdida de confianza superen la capacidad institucional. Y el tercero es la única salida real: una transformación estructural basada en integración funcional, interoperabilidad obligatoria y control transversal de calidad .
La diferencia entre esos escenarios no está en el número de hospitales ni en el monto del presupuesto.
Está en la decisión política de rediseñar el sistema bajo una lógica de procesos, datos y resultados.
Eso implica algo que incomoda: una gobernanza nacional única de calidad y seguridad del paciente con autoridad real sobre todos los subsistemas; un expediente clínico interoperable por ley; gestión de procesos críticos como flujos estratégicos y no como trámites administrativos; y una innovación tecnológica condicionada a resultados medibles en calidad y seguridad.
No se trata de desaparecer instituciones. Se trata de integrar datos, procesos y objetivos.
Colocar al paciente —y no a su afiliación— en el centro del sistema.
Porque lo que hoy vive el sector salud en México no es una crisis pasajera.
Es la consecuencia acumulada de haber renunciado al diseño sistémico, al control de calidad y a la innovación como herramientas estratégicas.
Y en salud, no decidir también es una decisión.
Con costos que, tarde o temprano, terminan pagando los ciudadanos.